San Salvador, 8 sep (PL) El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, cumple hoy sus primeros 100 días de gobierno con un alto índice de aceptación popular, como resultado del impacto de sus políticas públicas en amplios sectores de la sociedad.
Funes asumió el poder el 1 de junio tras ganar las elecciones del 15 de marzo como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lo cual puso fin a 20 años de gobiernos de derecha de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El flamante presidente heredó un país con una crisis profunda, provocada por factores externos e internos, una economía dolarizada, gran deterioro de las finanzas públicas y altos niveles de criminalidad y pobreza.
Al recibir la banda presidencial, el jefe de Estado prometió iniciar un proceso de transformaciones hacia una sociedad más justa y dar prioridad a la población más desfavorecida.
"El pueblo salvadoreño pidió un cambio y el cambio comienza ahora", dijo Funes durante su investidura, y realmente en los poco más de tres meses de administración las acciones del gobierno han provocado una percepción favorable de la ciudadanía.
Datos de diversas encuestas publicados aquí dan al mandatario una aprobación de su gestión de alrededor del 80 por ciento.
La consultora Mitofsky le concede a Funes un índice de hasta 85 por ciento, mientras que la Universidad Centroamericana (UCA) le otorga una calificación de 7,1 puntos, en una escala de cero a 10.
"Es un gobierno que ha empezado con una posición bastante sólida, porque le ha dado estabilidad al país", declaró el rector de la UCA, el sacerdote José María Tojeira.
Desde luego que ese apoyo deriva de los pasos emprendidos para mejorar algunos indicadores y de la reorientación de programas claves hacia los sectores más pobres.
Una de las medidas de mayor impacto ha sido, sin dudas, la eliminación del pago de las llamadas cuotas voluntarias en los servicios públicos de salud y el fortalecimiento de las existencias de medicamentos y otros insumos en los hospitales estatales.
En el campo de la educación, la entrega de uniformes y útiles escolares a más de un millón 300 mil estudiantes para el próximo curso es un alivio para las economías familiares, además de constituir un hecho inédito en la historia nacional.
No de balde el ministro de Educación y también vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, y la titular de Salud, María Isabel Rodríguez, están entre los funcionarios del gabinete mejor evaluados.
Dentro de los proyectos emprendidos por la actual administración figuran también el plan Casa Segura, que prevé la construcción de 25 mil viviendas para personas de bajos ingresos, y el pago a partir de noviembre próximo de una pensión a ancianos sin cobertura social.
El gobierno entregó, además, unos tres mil títulos de propiedad a familias campesinas e inició el programa Comunidades rurales, consistente en un bono de 40 dólares para los jefes de hogar en los municipios más pobres, a cambio de enviar a sus hijos a la escuela.
Otro paso sin precedentes fue la creación del Consejo Económico y Social, integrado por la sociedad civil, empresarios, académicos, investigadores y representantes del gobierno para debatir las políticas públicas.
Entre los asuntos prioritarios que serán abordados por esta instancia se encuentra la reforma fiscal, tema complicado por la tradicional reticencia de los sectores empresariales a cumplir con sus obligaciones tributarias.
El proyecto, que será entregado el 30 de este mes a la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo hacer más efectiva la recolección de impuestos a fin de que el Estado pueda contar con más recursos para planes sociales y apoyo a sectores productivos.
Las enmiendas buscan también cerrar los espacios a la evasión, el contrabando y la corrupción, para enfrentar una brecha fiscal de 186 millones de dólares.
De acuerdo con el presidente, con la instalación de este foro se da un paso trascendental en la vida del país ya que a partir de la firma de la paz, en 1992, se reconoció a los contrincantes, pero no hubo continuidad en el proceso de negociación.
En suma los primeros 100 días de gobierno han transcurrido con la adopción o el anuncio de medidas bien recibidas por la ciudadanía, aunque aún hay temas complejos que enfrentar, como la inseguridad ciudadana, el desempleo y los problemas económicos.
El presidente reconoció como una de las tareas pendientes de este año echar andar el plan anticrisis para atajar los efectos de la recesión mundial, que provocarán un decrecimiento de al menos el uno por ciento en el Producto Interno Bruto de El Salvador.
A pesar de los problemas, los salvadoreños coinciden en que el gobierno ha tenido más logros que fracasos y confían en que Funes honrará sus compromisos de campaña electoral.
Funes asumió el poder el 1 de junio tras ganar las elecciones del 15 de marzo como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lo cual puso fin a 20 años de gobiernos de derecha de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El flamante presidente heredó un país con una crisis profunda, provocada por factores externos e internos, una economía dolarizada, gran deterioro de las finanzas públicas y altos niveles de criminalidad y pobreza.
Al recibir la banda presidencial, el jefe de Estado prometió iniciar un proceso de transformaciones hacia una sociedad más justa y dar prioridad a la población más desfavorecida.
"El pueblo salvadoreño pidió un cambio y el cambio comienza ahora", dijo Funes durante su investidura, y realmente en los poco más de tres meses de administración las acciones del gobierno han provocado una percepción favorable de la ciudadanía.
Datos de diversas encuestas publicados aquí dan al mandatario una aprobación de su gestión de alrededor del 80 por ciento.
La consultora Mitofsky le concede a Funes un índice de hasta 85 por ciento, mientras que la Universidad Centroamericana (UCA) le otorga una calificación de 7,1 puntos, en una escala de cero a 10.
"Es un gobierno que ha empezado con una posición bastante sólida, porque le ha dado estabilidad al país", declaró el rector de la UCA, el sacerdote José María Tojeira.
Desde luego que ese apoyo deriva de los pasos emprendidos para mejorar algunos indicadores y de la reorientación de programas claves hacia los sectores más pobres.
Una de las medidas de mayor impacto ha sido, sin dudas, la eliminación del pago de las llamadas cuotas voluntarias en los servicios públicos de salud y el fortalecimiento de las existencias de medicamentos y otros insumos en los hospitales estatales.
En el campo de la educación, la entrega de uniformes y útiles escolares a más de un millón 300 mil estudiantes para el próximo curso es un alivio para las economías familiares, además de constituir un hecho inédito en la historia nacional.
No de balde el ministro de Educación y también vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, y la titular de Salud, María Isabel Rodríguez, están entre los funcionarios del gabinete mejor evaluados.
Dentro de los proyectos emprendidos por la actual administración figuran también el plan Casa Segura, que prevé la construcción de 25 mil viviendas para personas de bajos ingresos, y el pago a partir de noviembre próximo de una pensión a ancianos sin cobertura social.
El gobierno entregó, además, unos tres mil títulos de propiedad a familias campesinas e inició el programa Comunidades rurales, consistente en un bono de 40 dólares para los jefes de hogar en los municipios más pobres, a cambio de enviar a sus hijos a la escuela.
Otro paso sin precedentes fue la creación del Consejo Económico y Social, integrado por la sociedad civil, empresarios, académicos, investigadores y representantes del gobierno para debatir las políticas públicas.
Entre los asuntos prioritarios que serán abordados por esta instancia se encuentra la reforma fiscal, tema complicado por la tradicional reticencia de los sectores empresariales a cumplir con sus obligaciones tributarias.
El proyecto, que será entregado el 30 de este mes a la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo hacer más efectiva la recolección de impuestos a fin de que el Estado pueda contar con más recursos para planes sociales y apoyo a sectores productivos.
Las enmiendas buscan también cerrar los espacios a la evasión, el contrabando y la corrupción, para enfrentar una brecha fiscal de 186 millones de dólares.
De acuerdo con el presidente, con la instalación de este foro se da un paso trascendental en la vida del país ya que a partir de la firma de la paz, en 1992, se reconoció a los contrincantes, pero no hubo continuidad en el proceso de negociación.
En suma los primeros 100 días de gobierno han transcurrido con la adopción o el anuncio de medidas bien recibidas por la ciudadanía, aunque aún hay temas complejos que enfrentar, como la inseguridad ciudadana, el desempleo y los problemas económicos.
El presidente reconoció como una de las tareas pendientes de este año echar andar el plan anticrisis para atajar los efectos de la recesión mundial, que provocarán un decrecimiento de al menos el uno por ciento en el Producto Interno Bruto de El Salvador.
A pesar de los problemas, los salvadoreños coinciden en que el gobierno ha tenido más logros que fracasos y confían en que Funes honrará sus compromisos de campaña electoral.
