viernes, 2 de marzo de 2007

No descartan militarizar PNC

Ejecutivo analiza varias propuestas para lograr la depuración de las fuerzas de seguridad, explica Stein.

Nota de Siglo XXI-Guatemala


La disolución de la Policía Nacional Civil (PNC) para convertirla en un ente de corte militar, o al menos con vínculos más estrechos con la institución castrense, es una de las fórmulas que el Ejecutivo no descarta para depurar las fuerzas de seguridad.
Dicha posibilidad, cuenta el vicepresidente Eduardo Stein, ha sido tratada recientemente en el seno del Gabinete de Seguridad, al analizar el futuro de la PNC luego de quedar en entredicho por los asesinatos de tres diputados salvadoreños y su piloto, a manos de investigadores de la División de Investigación Criminal.
Esta es una de las soluciones que se estudian, pero no la única. De hecho, el segundo de la administración Berger no comparte dicha medida, con el argumento de que puede significar un riesgo para la institucionalidad del país.
En ello coinciden expertos consultados por Siglo Veintiuno, quienes refieren que atenta contra los Acuerdos de Paz (vea: El marco legal).

Voto razonado
“No es un recurso que a algunos de nosotros nos guste, porque es imposible borrar de un plumazo los abusos de autoridad del Estado mismo, que se dieron en el pasado”, comenta Stein, quien se inclina por el otorgamiento de poderes especiales al Ejecutivo, con los cuales se pueda despedir a unos mil agentes sin derecho a restitución por la vía judicial.
El Gobierno tiene pendiente enviar esta iniciativa al Congreso, aunque podría ser presentada en las próximas horas (lea: Iniciativa pendiente).
Pese a ello, el vicegobernante deja en pie este tema. “No hay opción que se haya descartado… Esta es una decisión que se toma en minutos y se implementa en horas”, agrega.
El ministro de la Defensa, Cecilio Leiva, comenta que la propuesta ha sido planteada en otras ocasiones, pero que, debido a los acontecimientos recientes, ha sido puesta de nuevo en la mesa. Incluso, deja ver que existe la estructura en los institutos Adolfo V. Hall para comenzar a formar a estos nuevos policías-soldados.
Leiva detalla que una iniciativa como ésta emularía la formación en escuelas militares de agentes de la seguridad pública, como sucede con los carabineros en Chile, Argentina, Italia y Colombia. “En Colombia, el mando lo tiene el Ministro de la Defensa; ellos tienen el Ejército y la Policía Nacional, que se encarga del control del orden público, el narco y el crimen organizado”, explica el militar.

Medida inviable
La iniciativa no ha sido consensuada con el resto del Ejecutivo; incluso, miembros del Gabinete, como Frank La Rue, comisionado Presidencial de Derechos Humanos, cuestionan estas opciones al señalar que los cambios a la

seguridad pública deben darse por el lado del poder civil.


El alto mando militar reconoce inconvenientes en aplicar dicha acción, pues requeriría de cambios legales más profundos que la propuesta que está por enviar el Gobierno al Legislativo. “Si se pudiera, que sea una guardia nacional, como sucede en otros países, donde hay carabineros o gendarmes, es decir, que tenga un poco de las dos”, opina Leiva.
“Hay una tendencia a la militarización con las patrullas conjuntas, pero sólo entendería una acción temporal en la cual se disolviera la PNC, no para depurarse, sino para una reingeniería de la institución”, dice La Rue.
Pero al final de este proceso, el Comisionado asegura que el control de la seguridad debería retornar a manos civiles.
Otro argumento en contra es que incorporar la Policía al Ejército rivaliza con los Acuerdos de Paz, opina Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. “Esto sería un retroceso; la participación del Ejército en la seguridad ciudadana sólo puede darse durante una emergencia”, manifiesta el activista.


Iniciativa pendiente
El Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso la propuesta de reforma legal con la cual pretende obtener poderes especiales para que el Ministerio de Gobernación pueda iniciar los despidos de agentes de la PNC, los cuales no podrían ser revertidos por los juzgados de Trabajo.
Tampoco se ha definido qué sucederá con el acuerdo gubernativo por medio del cual se institucionalizaría el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad. En parte, el retraso tiene que ver con que la administración Berger quiere publicar al mismo tiempo la propuesta de ley y el acuerdo. Sin embargo, la iniciativa está sujeta a un análisis legal de parte de la Secretaría General.

“Si el Congreso nos ayuda a pasar esta iniciativa, esta será la solución en el corto plazo”, explica Stein, quien confía en que el Legislativo aprobará lo más pronto posible dicha opción que se mantiene como el “plan A” en cuanto a la depuración policial.