lunes, 12 de marzo de 2007

La otra cara de las compañías mineras y el gobierno canadiense

El 10 de enero del corriente año, la compañía minera canadiense Skye Resources, emitió un comunicado de prensa desde su sede en Vancouver, Columbia Británica, informando a sus inversionistas que fuerzas de la policía nacional guatemalteca habían completado el desalojo de los ocupantes ilegales en las tierras del proyecto minero Fénix, de su propiedad.

Skye Resources en el mismo comunicado muestra su “gran agradecimiento al Ministerio Público y a las fuerzas de la Policía Nacional por la forma profesional como toda esta situación fue resuelta”.

El mismo comunicado señala que desde septiembre 2006, se desalojaron más tierras ocupadas y posteriormente entregadas a la subsidiaria en Guatemala, Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

El pasado 19 de febrero parlamentarios salvadoreños miembros del PARLACEN y su conductor, fueron asesinados violentamente por elementos de la Policía Nacional de Guatemala, el mismo cuerpo de “seguridad” que la compañía minera canadiense “expresa su mas grande agradecimiento por su actuar profesional”.

Los cuatro policías arrestados por la ejecución de los parlamentarios salvadoreños, fueron asesinados al interior de la penitenciaria de máxima seguridad en Guatemala, El Boquerón, por un comando armado, en aparente complicidad con el personal que resguardaba el centro de detención de máxima seguridad.

Las investigaciones y denuncias posteriores señalan que la PNC guatemalteca, ha sido penetrada por los carteles de narcotraficantes y que los escuadrones de la muerte siguen operando al interior de la institución.

Recientemente fue hecho público un video, del cual El Independiente ha recibido copia, en el cual se denuncia el desalojo de los indios y campesinos que ocupaban esas tierras, muchos de ellos desde tiempos ancestrales, en el municipio de El Estor departamento de Izabal.

En el video se muestran las humildes viviendas desmanteladas y en otros casos incendiadas, como resultado de una orden judicial de desalojo, producto de un sistema corrupto, al servicio de los intereses económicos y políticos de la clase privilegiada guatemalteca y las trasnacionales.

En su página Web, la compañía minera Skye, reconoce que “la falta de medios de comunicación, de conocimiento, y comprensión del proyecto” son algunos de los factores comunes que los habitantes de los municipios afectados enfrentan.

Estos factores faltantes, reconocidos por la compañía minera permiten que las comunidades afectadas sean victimas del sistema judicial y de seguridad guatemaltecos, que son producto no solo de los tradicionales actores que detentan el poder económico y político en Guatemala, sino de los actores internacionales como el Grupo del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), esta última involucrada directamente como accionista en proyectos mineros paralelo al mantenimiento de una línea de financiamiento para las compañías mineras.

No quedan exentos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con su involucramiento en las imposiciones de reformas de leyes y políticas que favorecen a las compañías mineras en sus operaciones a nivel mundial.

A nivel canadiense la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional CIDA, por sus siglas en ingles; el Departamento de Relaciones y Comercio Internacional (DFAIT), y la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones (EDC) emulan en menor o mayor escala a su contraparte de los Estados Unidos.

Históricamente los recursos naturales de Guatemala, como el resto de América Latina, han sido explotados indiscriminadamente por las trasnacionales, con la complacencia de los gobiernos militares y ahora civiles, fieles serviles de los Estados Unidos y de las trasnacionales, ante la indeferencia de las consecuencias destructivas irreversibles al medio ambiente y a la población de las zonas afectadas, incluyendo el genocidio cultural contra los indios guatemaltecos que conlleva el desalojo de las tierras que les pertenecen ancestralmente.

En Guatemala la mayoría de conseciones y licencias para explotación minera se encuentran en tierras que pertenecen a los indios, permisos que se incrementaron a raíz de los primeros Acuerdos de Paz en 1990, con el intento de desalojar aquellos que supuestamente fueron bastiones de resistencia a las dictaduras cívico-militares que enlutaron a Guatemala por varias décadas.

Las operaciones de represión en contra de los movimientos civiles-comunales que se oponen a los proyectos mineros canadienses, siguen su curso y en la impunidad, como el ocurrido el 11 de enero del 2005, cuando el ejercito guatemalteco que daba seguridad a un convoy con equipo minero, con dirección al proyecto Marlin de la compañía canadiense Glamis Gold en el municipio de San Marcos, reprimió violentamente a los manifestantes comunales que se oponían al proyecto, asesinando a Raúl Castro Bocel.

El proyecto de Marlin fue apoyado y promovido activamente por la embajada Canadiense en Guatemala, contrariamente a la tendencia en Canadá, de cerrar las operaciones mineras, incluyendo aquellas que son propiedad del gobierno canadiense por su poca rentabilidad y daño irreversible al medio ambiente.

Una forma cínica, hipócrita de la política internacional canadiense.

Curiosamente la mayoría de canadienses, como la opinión publica internacional, tienen la idea que son las compañías mineras de Estados Unidos las que operan mayoritariamente en todo el mundo, pero el caso, es que Canadá es el líder en la explotación minera internacional y de hecho la mayoría de compañías en la industria minera están legalmente registradas en este país.

Canadá es conocido mundialmente por ser un país que ha representado a las fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, por la amabilidad y tolerancia de sus ciudadanos, por ser promotor internacional al respeto de los derechos humanos, y en las últimas décadas como líder a la protección del medio ambiente.

La industria minera y las consecuencias nefastas que llevan a la población de las zonas de explotación y la destrucción irreversible al medio ambiente, es algo que esta fuera del radar de lo que conocemos como Canadá, estos señalamientos van por inercia hacia nuestros vecinos en el sur, los Estados Unidos.

Los diferentes gobiernos canadienses, liberales y conservadores por igual, han venido promoviendo las inversiones mineras canadienses alrededor del mundo, apoyando de hecho a las compañías mineras en sus operaciones, que incluyen violaciones a los derechos humanos y destrucción del medio ambiente.

En Colombia por ejemplo, el gobierno canadiense y las mineras cuentan con la protección del estado colombiano quien a su vez cuenta con la ayuda militar de Estados Unidos dentro del contexto de la “lucha contra el terrorismo”.

Desde Zimbabwe, Botswana, Guyana, Colombia, Guatemala, El Salvador, etc., las compañías mineras canadienses reciben el apoyo financiero y político del gobierno de turno en Ottawa, así como de sectores financieros privados, revelando la verdadera cara canadiense y sus violaciones a los derechos humanos a escala internacional de su política “de responsabilidad social corporativa”.

Otro fenómeno producto de la explotación minera, son los ejércitos de mercenarios que dan protección a las instalaciones de las compañías mineras, sus ejecutivos y personal de campo, todo con el visto bueno de la ONU y en su caso el gobierno canadiense, en la parte que le corresponde a las mineras registradas en el país.

Estos ejércitos de mercenarios actúan bajo una impunidad total, sin darles cuentas a las autoridades donde operan, ya que cuentan con carta blanca de los gobiernos y en muchos casos colaboración de las mal llamadas fuerzas de seguridad publica de los países anfitriones.

En caso de desalojo, como el caso de El Estor en Guatemala, donde el gobierno pone todo el aparato estatal al servicio de las trasnacionales, son las fuerzas de seguridad pública las que ejecutan las ordenes y luego las compañías mineras, en la mayor parte de los casos, contratan consultores o firmas canadienses o de otros países, para implementar el plan de “reubicación de los pobladores”.

Normalmente, paralelo a la explotación minera, desalojos y reubicación se implementan programas apadrinados por la “Alianza Mundial de la Salud Comunitaria”, alianza creada por La Organización Mundial de la Salud (OMS) y cinco compañías mineras: Placer Dome, BHP, Rió Tinto, WMC y PASIMCO.

La “Alianza Mundial de la Salud Comunitaria” tiene como principal mandato el “mejorar la salud comunitaria a través de la promoción, desarrollo y la facilitación de proyectos dirigidos por el sector privado”.

¿Como se garantizan estas trasnacionales canadienses la impunidad y sus operaciones?

Con la cobertura gubernamental de Ottawa, quien promueve acuerdos bilaterales o Tratados de Libre Comercio, asegurándose que se incluyan cláusulas que protejan sus inversiones, procedimientos en casos de violaciones o infracciones, inclusive que estos acuerdos de comercio internacional e inversiones sean incluidos constitucionalmente, como el caso de El Salvador, México, Nicaragua, entre otros, que reformaron sus constituciones para darle paso al TLC con Estados Unidos, y que Canadá utiliza como base para sus propios tratados comerciales.

No existe la menor duda que las actuales “oportunidades” de inversión internacional y las operaciones de las trasnacionales canadienses o de cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos, van de la mano con la represión, violaciones a los derechos humanos, perdida de soberanía nacional, degradación ambiental y una relación amo-servilismo-sumisión del sur al norte.

La impunidad de las trasnacionales canadienses y del gobierno de Ottawa debe ser detenida, asumiendo la responsabilidad cívica ciudadana de los y las canadienses, de apoyar el fortalecimiento de los movimientos indígenas y comunitarios en América Latina, que se oponen a la concesión de permisos para explotación minera, desalojo, expropiación de tierras y reinicio de las conversaciones del TLC impulsado por Canadá en Centroamérica, y de esta manera intentar erradicar la doble cara canadiense.

Listado de algunas compañías mineras:

Breakwater Resources Ltd, www.breakwater.ca

Brett Resources Inc, www.brettresources.com

Defiance Mining Corporation, www.defianceminingcorp.com

Doublestar Resources Ltd, www.doublestar.net

Firestone Ventures Inc, www.firestoneventures.com

First Point Minerals Corporation, www.firstpointminerals.com

Geostar Metals Inc, www.geostarmetals.com

Glamis Gold Ltd, www.glamisgold.com

Globex Mining Enterprises Inc, www.globexmining.com

Gold-Ore Resources Ltd, www.goldoreresources.com

Inglesrud Corporation, www.inglesrud.com

International Nickel Company (INCO), www.inco.com

Intrepid Minerals Corporation, www.intrepidminerals.com

Jaguar Nickel Inc, www.jaguarnickel.com

Mena Resources Inc, www.menaresources.com

Merendon Mining Corporation, www.merendon.com

Newmont Mining Corporation, www.newmont.com

Radius Gold Inc, www.radiusgold.com

RNC Gold Inc, www.rncgold.com

Silver Crest Mines Inc, www.silvercrestmines.com

Skye Resources Inc, www.skyeresources.com

viernes, 2 de marzo de 2007

No descartan militarizar PNC

Ejecutivo analiza varias propuestas para lograr la depuración de las fuerzas de seguridad, explica Stein.

Nota de Siglo XXI-Guatemala


La disolución de la Policía Nacional Civil (PNC) para convertirla en un ente de corte militar, o al menos con vínculos más estrechos con la institución castrense, es una de las fórmulas que el Ejecutivo no descarta para depurar las fuerzas de seguridad.
Dicha posibilidad, cuenta el vicepresidente Eduardo Stein, ha sido tratada recientemente en el seno del Gabinete de Seguridad, al analizar el futuro de la PNC luego de quedar en entredicho por los asesinatos de tres diputados salvadoreños y su piloto, a manos de investigadores de la División de Investigación Criminal.
Esta es una de las soluciones que se estudian, pero no la única. De hecho, el segundo de la administración Berger no comparte dicha medida, con el argumento de que puede significar un riesgo para la institucionalidad del país.
En ello coinciden expertos consultados por Siglo Veintiuno, quienes refieren que atenta contra los Acuerdos de Paz (vea: El marco legal).

Voto razonado
“No es un recurso que a algunos de nosotros nos guste, porque es imposible borrar de un plumazo los abusos de autoridad del Estado mismo, que se dieron en el pasado”, comenta Stein, quien se inclina por el otorgamiento de poderes especiales al Ejecutivo, con los cuales se pueda despedir a unos mil agentes sin derecho a restitución por la vía judicial.
El Gobierno tiene pendiente enviar esta iniciativa al Congreso, aunque podría ser presentada en las próximas horas (lea: Iniciativa pendiente).
Pese a ello, el vicegobernante deja en pie este tema. “No hay opción que se haya descartado… Esta es una decisión que se toma en minutos y se implementa en horas”, agrega.
El ministro de la Defensa, Cecilio Leiva, comenta que la propuesta ha sido planteada en otras ocasiones, pero que, debido a los acontecimientos recientes, ha sido puesta de nuevo en la mesa. Incluso, deja ver que existe la estructura en los institutos Adolfo V. Hall para comenzar a formar a estos nuevos policías-soldados.
Leiva detalla que una iniciativa como ésta emularía la formación en escuelas militares de agentes de la seguridad pública, como sucede con los carabineros en Chile, Argentina, Italia y Colombia. “En Colombia, el mando lo tiene el Ministro de la Defensa; ellos tienen el Ejército y la Policía Nacional, que se encarga del control del orden público, el narco y el crimen organizado”, explica el militar.

Medida inviable
La iniciativa no ha sido consensuada con el resto del Ejecutivo; incluso, miembros del Gabinete, como Frank La Rue, comisionado Presidencial de Derechos Humanos, cuestionan estas opciones al señalar que los cambios a la

seguridad pública deben darse por el lado del poder civil.


El alto mando militar reconoce inconvenientes en aplicar dicha acción, pues requeriría de cambios legales más profundos que la propuesta que está por enviar el Gobierno al Legislativo. “Si se pudiera, que sea una guardia nacional, como sucede en otros países, donde hay carabineros o gendarmes, es decir, que tenga un poco de las dos”, opina Leiva.
“Hay una tendencia a la militarización con las patrullas conjuntas, pero sólo entendería una acción temporal en la cual se disolviera la PNC, no para depurarse, sino para una reingeniería de la institución”, dice La Rue.
Pero al final de este proceso, el Comisionado asegura que el control de la seguridad debería retornar a manos civiles.
Otro argumento en contra es que incorporar la Policía al Ejército rivaliza con los Acuerdos de Paz, opina Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. “Esto sería un retroceso; la participación del Ejército en la seguridad ciudadana sólo puede darse durante una emergencia”, manifiesta el activista.


Iniciativa pendiente
El Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso la propuesta de reforma legal con la cual pretende obtener poderes especiales para que el Ministerio de Gobernación pueda iniciar los despidos de agentes de la PNC, los cuales no podrían ser revertidos por los juzgados de Trabajo.
Tampoco se ha definido qué sucederá con el acuerdo gubernativo por medio del cual se institucionalizaría el proceso de depuración de las fuerzas de seguridad. En parte, el retraso tiene que ver con que la administración Berger quiere publicar al mismo tiempo la propuesta de ley y el acuerdo. Sin embargo, la iniciativa está sujeta a un análisis legal de parte de la Secretaría General.

“Si el Congreso nos ayuda a pasar esta iniciativa, esta será la solución en el corto plazo”, explica Stein, quien confía en que el Legislativo aprobará lo más pronto posible dicha opción que se mantiene como el “plan A” en cuanto a la depuración policial.

jueves, 22 de febrero de 2007

Las irresponsabilidades del presidente salvadoreno
A raiz de los asesinatos de los diputados del derechista partido ARENA en Guatemala, al presidente salvadoreno Antonio Saca se le ocurrio que era muy buena idea utilizar la muerte de sus colegas para impulsar la campana de su partido y lograr que se aprueben los prestamos internacional que el FMLN insiste en fiscalizar.

Poca honorabilidad para un presidente que dice "sentirse ofendido y consternado" por la muerte sangrienta y violenta de sus correligionarios.
Y ud que piensa de la actuacion del presidente salvadoreno Antonio Saca?